Una
de las iniciativas más interesantes que ha lanzado el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los últimos tiempos ha sido ésta,
el Registro de Huella de Carbono, aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros, el 14 de marzo.
Este
registro, incentiva a las empresas a calcular y reducir voluntariamente sus
emisiones de gases de efecto invernadero y promueve proyectos nacionales para
la compensación de dichas emisiones, con
el objetivo de mejorar la capacidad sumidero de España.
El
registro se estructura en tres secciones:
- Sección de huella
de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero
- Sección de
proyectos de absorción de dióxido de carbono
- Sección de
compensación de huella de carbono
El
sistema de cálculo y verificación de esta iniciativa es gratuito y se encuentra
abierta a todo tipo de empresas, pudiendo aportar para la inscripción bien el
cálculo realizado a través de la herramienta que facilita el propio MAGRAMA o,
por supuesto, como se describía en el borrador de la normativa, se reconocerán
las verificaciones realizadas por entidades acreditadas para la ISO 14065, ISO
14064, GHG Protocol, PAS 2050 o similar, así como entidades operacionales
designadas (EOD) o entidades independientes acreditadas (AIE) por Naciones
Unidas en el marco de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto.
Con
respecto a la sección de proyectos de absorción, lo más destacable es que, cualquier
organización, pública o privada, o incluso un particular puede registrar
proyectos forestales de sumidero –siempre en territorio español-, cuya cantidad
de CO2 equivalente neto estimado puede ser puesto a disposición de
las empresas registradas que deseen compensar sus emisiones.
Por
todo esto, considero que, en principio, tal y como está enfocado dicho sistema,
el Registro del MAGRAMA tiene bastantes ventajas:
- Propone una alternativa, de cálculo y verificación de la huella de carbono, por su gratuidad, totalmente asumible por las pequeñas empresas.
- No entra en competencia con la verificación por tercera parte, pues es un registro exclusivamente de validez nacional, cuyo enfoque, integra los sistemas de cálculo y verificación por entidades acreditadas.
- Es una herramienta que fomenta activamente el mantenimiento y crecimiento –a largo plazo- de nuestro patrimonio forestal, y por tanto, la conservación de nuestros ecosistemas.
- La puesta en marcha de este registro es un potente instrumento de divulgación de la huella de carbono y contribuirá, sin duda, a normalizar este tipo de información entre la ciudadanía, mejorando la concienciación y la capacidad de elección de productos y servicios en nuestro país.
Alternativas para
elegir participar.
A
día de hoy, en nuestra historia queda demostrado que los modelos únicos de funcionamiento, ya sean
económicos, sociales o ambientales, terminan siendo ineficaces y aún más, cuanta
menos capacidad de adaptación presenten. Pensemos, por ejemplo, en la
agricultura intensiva, que ha demostrado ser un modelo productivo de gran
impacto ambiental. Frente a la misma han surgido alternativas diversas, como la agricultura ecológica, que
minimiza el impacto que se deriva de la explotación de nuestros sistemas
agrarios mediante la prohibición del uso de sustancias de síntesis química en
los mismos.
Pero
la agricultura ecológica no es un modelo estático, mejorar estos sistemas de
producción significa que esta evolucione bajo una óptica agroecológica, que nos
permita mejorar la sostenibilidad de este modelo, incluyendo aspectos de manejo que van más allá de la mera
normativa, y también, aspectos sociales, culturales, económicos, etc.
Siguiendo
con el mismo ejemplo, la agricultura ecológica es un sistema de producción cuya
garantía se establece mediante sistemas de certificación, en algunas
comunidades autónomas de nuestro país, son públicos, y en otras, se ha
privatizado. La certificación por tercera parte cumple un objetivo y un
servicio necesarios, pero ¿por qué homogeneizar este modelo a todos los canales
de comercialización y a todos los actores implicados? A día de hoy, se reivindican la legalización
de alternativas inclusivas a estos modelos de certificación que beneficiarían a
una gran cantidad de pequeños agricultores, que, por otra parte, contribuyen,
con sus prácticas de funcionamiento y producción, no sólo a proteger nuestros
recursos naturales y culturales, como nuestras semillas autóctonas, sino a diversificar
actividades económicas diversas y fijar población en áreas rurales.
Una
de estas alternativas, ampliamente reivindicada por una gran parte del
colectivo de producción y consumo, son los conocidos como Sistemas Participativos
de Garantía.
Los
Sistemas Participativos de Garantía* son sistemas de garantía de calidad que
operan a nivel local. Certifican a productores y productoras tomando como base
la participación activa de los actores y se construyen a partir de la
confianza, de la construcción de redes sociales y del intercambio de
conocimiento. La legalización de este modelo alternativo como garantía de la
producción ecológica supondría que esos productores y productoras de pequeña
escala, locales, se beneficiarían oficialmente de esta marca de diferenciación
agraria.
Por
tanto, diversificar alternativas para participar en la construcción de los
distintos modelos de sostenibilidad, sean en la escala o nivel que sean, surjan
por iniciativa social o por iniciativa gubernamental, son necesarias, nos
enriquecen, eliminan barreras y límites económicos y sociales y potencian la
capacidad de elegir participar en el proceso.
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